El excontralor Pablo Celi, Se declaró víctima de una “persecución política”, durante su comparecencia ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de juicio político en su contra.
Pese a que Celi cumple prisión preventiva por su vinculación en el caso Las Torres, se presentó ante la comisión de forma presencial.
Celi acusó a los legisladores de desconocimiento de sus funciones como subcontralor y luego contralor subrogante. Además, dijo que los legisladores no están actuando de una manera objetiva, pues han anticipado sus criterios en contra de Celi, lo que se consideraría prevaricato si fueran jueces.
El excontralor habló durante casi tres horas. En su conclusión, dijo que ha desvirtuado cada una de las causales de las que se le acusa. “Mis actuaciones como autoridad de control se han dado con apego a la Constitución y a la ley”, dijo.
Además señaló que todo el proceso de juicio político genera presiones a los jueces y a la Fiscalía en el proceso judicial en su contra, lo que violenta la Constitución y la Ley.
Celi inició su intervención con la primera causal de la que se le acusa, que es la ilegalidad de su actuación como contralor encargado. Su predecesor, Carlos Pólit, aseguró en días pasados que Celi “se tomó la Contraloría por asalto”.
Frente a esto, defendió su nombramiento. Dijo que su ascenso a la Contraloría fue legal, y que prueba de ello es la sentencia en contra de Sabett Chamoun, por usurpación del cargo. Cuestionó a la Comisión de Fiscalización especialmente por la invitación a Carlos Pólit, a la que acusó de estar llena de falsedades. Dijo que el trámite del informe sobre la comisión del 30S era plena facultad de Pólit, y que él no conocía al respecto.
Celi llamó “una burla a la memoria del país” el hecho de que Fiscalización haya llamado a comparecer a Pólit y a Chamoun.
Defendió su gestión, con la que -según dijo- logró rescatar la institucionalidad de la Contraloría.
Celi cuestionó que las pruebas del caso judicial en su contra se usen como causal de incumplimiento de funciones para buscar su censura. Aseguró que estar vinculado en la causa no sirve para un juicio político, “por más que el interpelante busque torcer la ley”.
Agregó que la Contraloría es un organismo técnico, cuyas actuaciones están normadas en la Constitución, las leyes y los reglamentos.
Celi aseguró que una supuesta red, como se acusa, tendría que existir en toda la estructura de la Contraloría “a los ojos de todos sus funcionarios“. “Estamos absolutamente equivocados. No se puede ser tan ignorante”, dijo. Sobre el desvanecimiento de glosas del que se le acusa en la causa penal y en el juicio político, aseguró que ese es un derecho constitucional.
Calificó como “fantasmagóricas” las acusaciones sobre este desvanecimiento, pues esto está normado en la ley como derecho al debido proceso. Señaló que las glosas son predeterminadas, y los señalados pueden presentar descargos. Por lo que es normal y legal que se desvanezcan glosas. “No pueden inventarse hechos ni inventarse responsabilidades (glosas)”, dijo.
Además aseguró que, mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, él sigue siendo inocente. Por lo que las pruebas que esgrime la Fiscalía no serían válidas en el juicio político. “Se está anticipando criterio, como si el asambleísta ya supiese a dónde va ese enjuiciamiento final”, dijo.
El excontralor aseguró que no participó en ninguna fase del proceso de contratación a la empresa HDC Producciones, cuyo accionista y gerente es Daniel Salcedo, procesado por corrupción y vinculado a la familia Bucaram. Aseguró que, después de las denuncias, él personalmente pidió que inicie un proceso de auditoría al proceso de contratación. “La suscripción del contrato con HDC no se da por delegación del contralor para ese proceso. Se da por delegación para todos los procesos de contratación”, aseguró.
La eliminación de cuatro organizaciones políticas Sobre el examen especial que recomendó la eliminación de cuatro organizaciones políticas, señaló que este cumplió con todas las fases legales y de defensa. Celi ratificó que el examen fue al Consejo Nacional Electoral (CNE), y no a los movimientos políticos.
El pedido de eliminación -dijo- fue un pedido de acciones correctivas, pues no se habían verificado los registros de adherencia a los movimientos políticos. “Lo que más enardece a la bancada interpelante (UNES) es que la Contraloría no podía ocultar estas irregularidades”.
Cuestionó que desde el CNE se hable de una “intromisión en el proceso electoral“.