Luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional el reglamento que se usó para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional en el 2019, los magistrados removidos rechazaron el fallo y anunciaron que presentarán recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH.
Para los juristas el fallo de la corte debía contemplar la reincorporación de los magistrados a sus cargos, pero esta sólo dispuso la reparación correspondiente por los daños que pudo haberse causad.
Por otra parte, David Cordero, abogado de los exmagistrados, dijo que luego de que el Estado pague la indemnización a los afectados, la Procuraduría deberá impulsar procesos de repetición en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y de quienes estuvieron detrás de las remociones. La finalidad es recuperar el dinero que el Estado cancele y así evitar un perjuicio a la población ecuatoriana.