El gobierno plantea reformas en respuesta al alto porcentaje de inseguridad que se vive en los últimos meses en el país. Está ley propone que policías y militares sean los principales actores de controlar la delincuencia.
Todavía sin fecha para que la Asamblea Nacional inicie su tratamiento, el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública empieza a generar debate. Uno de sus ejes principales es mejorar la coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas para combatir la violencia.
Según la iniciativa presentada por el presidente Guillermo Lasso, existen dificultades legales para que el Estado pueda ejecutar eficazmente políticas públicas de seguridad. Una de ellas es la falta de claridad para que las distintas fuerzas cooperen ante una crisis de seguridad.
Ante eso, la nueva ley busca crear dos figuras para mejorar esta coordinación: El Consejo Nacional de Política Criminal. La emergencia del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. El primero será un espacio para que las entidades relacionadas con el fenómeno de la criminalidad puedan consensuar una política pública.
Mientras que la emergencia es un mecanismo que permitirá a las instituciones prepararse para situaciones, precisamente de emergencia, sin tener que recurrir al estado de excepción. Es una manera de habilitar la cooperación interinstitucional entre Policía y Fuerzas Armadas y que esta permita enfrentar escenarios drásticos, sin la necesidad de activar medidas extremas como el estado de excepción.
Fuente: Primicias
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