La tarde de este jueves 17 de febrero, El Consejo de Administración Legislativa calificó tres solicitudes de juicios políticos planteados en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura (CJ).
Las solicitudes fueron planteadas por los asambleístas de PK, Mireya Pazmiño y Ángel Maita que se impulsó en contra de los consejeros del CPCCS, Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.
Desde la bancada de UNES y PSC también apoyaron los pedidos pues cuestionan el incumplimiento de funciones al supuestamente, vulnerar la seguridad jurídica por plantear reformas al reglamento de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
La siguiente interpelación que se calificó fue planteada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, también de PK, pero esta es en contra de los siete vocales del CPCCS. El cuestionamiento se hace por la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, quien no tiene experiencia en materia de derechos humanos, requisito estipulado en la Constitución.
Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) también irán a juicio político, incluida María del Carmen Maldonado, que renunció a su cargo a inicios de febrero.
La solicitud la hicieron los asambleístas de UNES, Viviana Veloz y Fausto Jarrín.
El CAL notificará con sus resoluciones en el término de tres días a la Comisión de Fiscalización, mesa legislativa que suma el trámite de seis interpelaciones.