CIDH recibió una cantidad considerable de denuncias en su llegada a Ecuador. Foto: CIDH
Como solución a la actual crisis de violencia imparable que se vive en las cárceles, el estado pretende recuperar el control de las prisiones, ahora en manos de bandas criminales, y desarrolle una política que prime la prevención del delito y no el encarcelamiento, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe publicado este jueves a raíz de su visita realizada a Ecuador entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021, la CIDH dio pautas a Ecuador para abordar la crisis que en 2021 dejó 316 presos bajo custodia del Estado muertos, en distintos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles.
De acuerdo a la CIDH, el Estado ecuatoriano reconoció a la Comisión que no tiene el control de muros para adentro, donde «los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios».
«Al mismo tiempo, la falta de control en los centros facilitaría el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios», reportó la CIDH, que advirtió una «violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones».
Para ello, la Comisión consideró elemental incrementar el personal de prisiones a cargo de la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios, pues este fue catalogado como «insuficiente» para hacerse cargo del gran volumen de presos y sin la necesaria capacitación.
Para la CIDH, las causas de esta situación son estructurales, por un «debilitamiento del sistema penitenciario desde hace por lo menos dos décadas, bajo la responsabilidad de las diferentes funciones del Estado».
La Comisión incidió especialmente en reducir el abuso que desde el sistema de justicia se hace de la prisión preventiva (provisional), lo que ha hecho que el 39 % de los 36.599 que tenían las prisiones de Ecuador al 29 de noviembre de 2021 estuviesen privados de libertad sin una condena.
Al respecto, el documento solicitó que no ingrese ningún preso nuevo a la cárcel de Guayas, la más poblada del país con 7.231 reos y una en la que se produjeron los peores episodios de violencia.
Asimismo, la CIDH reclamó la adopción de una perspectiva de género para proteger a las mujeres y a otros grupos vulnerables mientras el control interno de prisiones se encuentre en manos de bandas criminales, algunas de ellas de carácter internacional.
“Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí. Nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”, manifestó ese día Lasso, quien también recientemente firmó un decreto con el que aspira a indultar a 5.000 reclusos sentenciados por delitos menores.
Fuente: Expresso
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