La gestión del gobierno, es cuestionada por distintos sectores que exigen rendición de cuentas.

Desde el 1 de noviembre aumentó la inseguridad en el Ecuador principalmente en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, principalmente por atentados contra uniformados de la Policía Nacional, en el que se han visto involucrados civiles en los enfrentamientos e incluso han recibido daños materiales.

La oposición al gobierno de Guillermo Lasso va en aumento al no ver resultados de las acciones tomadas: la sede del Ministerio del Interior fue trasladado a Guayaquil, se ha decretado estado de excepción en las provincias más afectadas, operativos de policías y militares y el traslado de las personas privadas de libertad de las cárceles.

Las acciones y discursos gubernamentales no son suficientes y la presión al ejecutivo va desde: la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la Asamblea y los defensores de los Derechos Humanos.

La CONAIE calificó al gobierno de: “indolencia, incapacidad e inacción”, por lo que invitó a las organizaciones sociales y la sociedad civil a unirse para resolverlo por su cuenta, por que el plan del gobierno es un fracaso.

Dentro de la Asamblea lanzaron la idea de adelantar elecciones generales, la mayoría de asambleístas coincidieron que Lasso “no ha demostrado capacidad para gestionar la crisis”. Ponen en advertencia al ejecutivo y a los ministros que serán sometidos a enjuiciamientos políticos si no compadecen a la Asamblea.

La Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos en Ecuador mencionaron al gobierno actual y a los anteriores como los causantes de la ola de violencia que vive el país. Las 24 organizaciones coincidieron en el baja ejecución del presupuesto para la seguridad de los ciudadanos han provocado los disturbios, en conclusión mencionan la ausencia del Estado.