Este lunes, 27 de noviembre, la legisladora de Revolución Ciudadana (RC), Gisella Garzón, presentó la solicitud para iniciar el trámite de juicio político contra la fiscal Diana Salazar al presidente del Parlamento, Henry Kronfle.
Garzón compartió en su red social X (antes Twitter): «La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas y asuman su rol. Si esto no ocurre, corresponde ejercer el rol de fiscalización desde la Asamblea Nacional». Además, señaló que la solicitud se basa en el incumplimiento de funciones en temas de seguridad.

Pronunciamientos ante el Juicio Político de Diana Salazar:
Fiscalía General del Estado:
La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, expresó que dicho proceso carece de fundamentos y reiteró su respaldo a la fiscal en funciones, asegurando que presentarán las pruebas correspondientes en el momento adecuado.
En declaraciones a la prensa, Garzón indicó que Salazar no ha precautelado la integridad de sus funcionarios y que, en casos de narcotráfico, no ha tomado decisiones ni medidas correctivas. Respecto al caso de León de Troya, Garzón agregó que no tuvo el seguimiento adecuado por parte de la fiscal.
Reacción de Fiscal, Diana Salazar.
Por su parte, La fiscal Salazar respondió en su red social X, afirmando que no lograrán enjuiciarla ni destituirla, a pesar de intentarlo varias veces. «En mi escala de valores no está contactar, amenazar, ni conversar con sentenciados y prófugos…Yo cumplo con mis funciones en el marco de la ley y eso les molesta» finalizó.
Sin embargo, los movimientos políticos se manifestaron:
Finalmente, una causa de polémica para el movimiento correista fue tras esta petición las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), ADN y Construye manifestaron que no apoyarán la solicitud, ya que no está en línea con las coincidencias necesarias para la gobernabilidad en la Asamblea Nacional, lo cuál deja con un faltante significativo de firmas que ayuden a que el proceso continúe.
Una vez recibida la solicitud, Kronfle tendrá cinco días para informar al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa de la Cámara para emitir un informe.