Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y Diana Salazar, fiscal general, protagonizan un nuevo episodio de pugna política. Aguirre impulsa dos denuncias por presunta corrupción que involucran a Salazar y al Ministerio Público.
La primera denuncia se centra en el juicio político a exvocales del Consejo de la Judicatura. Durante el proceso, Wilman Terán, expresidente de ese organismo, presentó supuestos chats que mantuvo con la fiscal general. Según Aguirre, estas conversaciones sugieren la comisión de delitos como tráfico de influencias.
Además, Aguirre menciona un audio filtrado el 1 de julio de 2024, que implica a Salazar. El audio revela una conversación entre Leonardo T., abogado de Mayra Salazar, y Juan Francisco F., abogado del Banco del Pacífico. En la grabación, Leonardo T. solicita un pago de USD 350,000 como parte de un acuerdo de medio millón de dólares para que Salazar testifique falsamente en el caso Metástasis.
La Fiscalía General del Estado ya había iniciado una investigación sobre el audio, denominada caso Implacable, realizando alrededor de 35 diligencias. Paralelamente, se comenzó otra indagación por los presuntos chats difundidos por Wilman Terán, con 16 diligencias ejecutadas.
El 10 de julio de 2024, la Fiscalía informó que las dos denuncias de Aguirre se sumarán a los expedientes ya abiertos, integrándose a las investigaciones en curso. La institución declaró: «Las dos noticias criminis entregadas por la legisladora se sumarán a dichos expedientes».
Este enfrentamiento entre Aguirre y Salazar se da en un contexto de alta tensión política y judicial en Ecuador, donde las acusaciones de corrupción son frecuentes. El desarrollo de estas denuncias podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la integridad del sistema judicial y político del país.