El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió la denuncia por violencia política que se le acusa a la vicepresidenta Verónica Abad. La asesora presidencial, Diana Jácome el pasado 15 de agosto habría interpuesto una queja en contra de Abad solicitando al TCE suspenda sus derechos políticos.
Esta acción fue en respuesta a la denuncia que Verónica Abad realizó contra el primer mandatario Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld y Esteban Torres.
La audiencia oral única de prueba y alegatos se realizará el próximo 30 de septiembre, a las 10:30, en el auditoria del TCE. Si Abad no comparece el día señalado y sino presenta una justificación de su inasistencia, se tomará en un acto de rebeldía.
En caso de que Jácome sea quién se ausente, la causa será declarada en abandono. Además, se señala que, a partir de la citación, la vicepresidenta tendrá un lapso de cinco días para presentar pruebas de descargo.
De acuerdo al Código de la Democracia se establece a la violencia política de género como una infracción muy grave. La sanción que se impone corresponde a una multa de 21 a 70 a salarios básicos unificados; es decir, de USD 8.925 a USD 29.750.
Además, la normativa electoral contempla la destitución o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.


