El presidente Daniel Noboa presentó una nueva reforma constitucional que contempla a las personas privadas de la libertad. La segunda reforma planteada por el ejecutivo fue emitida el 6 de noviembre de 2024 a la Corte Constitucional para que emita un dictamen.
Según, el comunicado emitido por la secretaría general de comunicación de la Presidencia se propone reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución. En este sentido, al artículo 35 de la Carta Política hace referencia a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.
Mientras que, el articulo 51 reconoce siete derechos de los PPL:
- Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
- No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
- La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
- Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.
- Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
- La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
- Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
Esta reforma tendría la finalidad de remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria. De acuerdo al documento se señala: “este planteamiento es guiado por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía”.
Anteriormente, el primer mandatario presentó otra propuesta de reforma parcial a la Constitución sobre las bases militares extranjeras.