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CPCCS vs. Comisión Calificadora: debate por el rol ciudadano

La Comisión Calificadora para la selección de los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional informó, este 18 de noviembre de 2024, que los nueve candidatos superaron la verificación de requisitos. Los aspirantes deberán enfrentar la fase de impugnación a cargo de la secretaria técnica de la Función de Transparencia desde el 19 de noviembre al 11 de diciembre.

Los candidatos son:

En la fase de impugnación, la ciudadanía o grupos sociales pueden refutar en caso de conocer que alguno de los candidatos no cumple con los requisitos o condiciones para desempeñarse como jueces. En esta fase debe comprobarse que los candidatos no incumplan los aspectos legales, por falta de ética o por estar relacionados a casos de corrupción.

El concurso se llevará a cabo con la observación de una sola persona que integra la veeduría ciudadana: Santiago Machuca Lozano, quien es parte de un grupo activista denominado Acción Jurídica Popular, del que es parte la candidata a jueza constitucional Angélica Porras. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ejercicio de sus atribuciones, convocó a formar una veeduría ciudadana para lo que acreditó a ocho ciudadanos.

El CPCCS citó la Constitución y el articulo 86 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señalan que al CPCSS le compete la regulación de este mecanismo de control social. Ante ello se receptaron a nivel nacional la inscripción de 27 ciudadanos de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Pastaza.

De los 27 ciudadanos inscriptos, 18 cumplieron con los requisitos y se definió el grupo en 8 personas que acreditaron para ser veedores en cada fase:

Sin embargo, la Comisión Calificadora decidido que es «improcedente» que estas personas intenten sumarse al veedor Machuca, también exfuncionario en el gobierno de Rafael Correa. “Consideramos que es improcedente que se unan a realizar el proceso y no porque no sea transparente (el concurso), sino porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el reglamento habla de un proceso propio de veeduría2 señaló la entidad.

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