Las manifestaciones en Archidona contra la adjudicación de una megacárcel cumplieron una semana, con bloqueos viales, renuncias políticas y afectaciones económicas. Este 9 de diciembre concluye el plazo para decidir el futuro del proyecto.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) lidera este plan, que contempla construir o repotenciar una cárcel con un presupuesto de $52 millones y un plazo de ejecución de 300 días.
Reacciones en la provincia de Napo
Desde que se anunció el proyecto, habitantes de Archidona y Tena han expresado su rechazo mediante bloqueos en las principales vías que conectan Tena, Coca, Quito y otras ciudades. Esto ha interrumpido el comercio y la movilidad en la zona.
La gobernadora de Napo, Marlene Cabrera, renunció a su cargo, señalando falta de apoyo gubernamental. Fue reemplazada por Gary Rivadeneyra Olalla, quien indicó que, en lugar de una nueva cárcel, se repotenciará la existente, construida en 2011 y con altos niveles de hacinamiento.
Impactos sociales y económicos
El alcalde de Tena, Jimmy Rueda, encabezó una marcha para expresar la oposición al proyecto, mientras representantes sociales han reiterado su solicitud de suspender el proceso de contratación.
Los bloqueos viales han afectado el transporte y el comercio. Según Jorge Torres, gerente de la Unión de Transporte de Tungurahua, las pérdidas son significativas. Aunque los manifestantes han permitido corredores humanitarios para ambulancias, los cierres complican el acceso de las comunidades al transporte público.
La construcción o repotenciación de la cárcel se decidirá tras el cierre del plazo este 9 de diciembre.