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Legisladores buscan medidas cautelares para participar en campaña sin dejar sus cargos

Los asambleístas Diego Matovelle y Jorge Chamba, quienes también son candidatos por el movimiento ADN, interpusieron una acción de protección con medidas cautelares contra la Asamblea Nacional, alegando una presunta vulneración al derecho a la seguridad jurídica.

La acción surge a raíz de una resolución de la Asamblea Nacional que obliga a los legisladores en funciones a tomar licencia sin sueldo si desean participar en campaña electoral. Según los demandantes, esta medida afecta sus derechos fundamentales.

En el documento, los asambleístas citan el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que establece que las medidas cautelares tienen como propósito:

  1. Prevenir la violación de derechos.
  2. Impedir que continúe una afectación.
  3. Interrumpir vulneraciones ya en curso.

Los legisladores señalan que las medidas cautelares buscan cesar la violación de derechos fundamentales, entre ellos:

  1. El derecho a la participación política.
  2. El derecho a la igualdad de condiciones frente a otros candidatos que no ocupan cargos públicos.

Argumentan que la exigencia de licencia sin sueldo genera un perjuicio económico, especialmente considerando que siguen siendo representantes electos durante su campaña. Por ello buscan dejarsin efecto las disposiciones que les obligan a tomar licencia sin sueldo, garantizando su derecho a ejercer sus funciones legislativas mientras compiten en el proceso electoral.

De acuerdo al artículo 93 del Código de la Democracia, que regula los casos en los cuáles las autoridades deben buscar la reelección deben separarse temporalmente de sus funciones para participar en campaña. El punto de partida consiste en dilucidar si la situación del funcionario que ocupó el cargo fue para completar un período luego de la muerte cruzada se subseme dentro de la figura de la reelección.

Por lo que, los legisladores se acogen a que no son candidatos a una reelección. El caso está ahora en manos de la justicia constitucional, que deberá resolver si existe o no una vulneración de derechos en la normativa aplicada por la Asamblea Nacional.

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