La Secretaría General Jurídica de la Presidencia presentó su respuesta a la Corte Constitucional en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto 500, que establece la ausencia temporal del presidente Daniel Noboa durante la campaña electoral. En su escrito, el Ejecutivo argumentó lo siguiente:
Fuerza mayor y necesidad electoral:
- La Presidencia justificó que la «fuerza mayor» para emitir el decreto radica en la necesidad de garantizar que la campaña electoral se realice de manera diferenciada de las funciones propias del cargo de Presidente de la República.
- Resaltaron que el decreto busca prevenir cualquier posible interferencia entre el uso de recursos públicos y las actividades proselitistas, preservando los principios de imparcialidad y transparencia.
El documento subraya que, dada la naturaleza del cargo, resulta «casi imposible» separar las actuaciones del presidente como mandatario y como candidato. Por lo cual se vuelve necesario y legitimo recurrir a la ausencia temporal del cargo y activar los mecanismos constitucionales previstos para el efecto.
Sobre el plantón del 5 de enero:
La Secretaría Jurídica negó cualquier participación de la Presidencia en la organización del plantón que tuvo lugar en los alrededores del Palacio de Carondelet. La entidad aclaró que el presidente Noboa salió al balcón por “cortesía” hacia los ciudadanos presentes.
Además, se indicó que las palabras de Noboa en el evento fueron breves y estuvieron enfocadas exclusivamente en la defensa de la democracia. Enfatizaron que en ningún momento se hizo un llamado al voto ni se realizaron actividades que puedan interpretarse como proselitismo.
La Presidencia sostiene que el Decreto 500 responde a una necesidad excepcional para garantizar la equidad en el proceso electoral y evitar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Además, se defiende la constitucionalidad de la medida, señalando que cumple con los principios democráticos y legales establecidos en la normativa vigente.
Ahora será la Corte Constitucional la encargada de determinar si el decreto se alinea con la Constitución o si, por el contrario, vulnera derechos o principios fundamentales.
