El 21 de enero, la vicepresidenta Verónica Abad remitió un oficio a Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, solicitando la censura y juicio político contra ocho ministros de Estado y las vicepresidentas encargadas, incluida Cynthia Gellibert, alegando «vulneración de funciones».
En el documento, Abad también acusó al presidente Daniel Noboa de cometer “delito de sedición” y pidió al Parlamento actuar con rapidez para investigar lo que calificó como un “grave caso de violación a los derechos humanos y la institucionalidad del país”.
Entre los funcionarios señalados por Abad para juicio político están:
- Giancarlo Loffredo, Ministro de Defensa.
- José de la Gasca, Ministro de Gobierno.
- Ivonne Núñez, Ministra de Trabajo.
- Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores.
- Juan Carlos Vega, Ministro de Economía y Finanzas.
- Luis Alberto Jaramillo, Ministro de Comercio Exterior.
- Sariha Mora y Cynthia Gellibert, vicepresidentas encargadas.
- Juan Francisco Román, Secretario General de la Vicepresidencia.
Abad solicitó ser recibida en la próxima sesión del pleno legislativo tras la vacancia electoral, para presentar las pruebas que respaldan su denuncia.
Contexto del conflicto
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 512, que mantiene a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada hasta que Abad asuma su designación como representante en Turquía. Según el Decreto 490, emitido el 23 de diciembre de 2024, Abad tiene como función exclusiva y temporal colaborar con las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía.
Las tensiones se intensifican en un escenario de vacancia legislativa, ya que las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) están suspendidas hasta el 9 de febrero, lo que retrasa cualquier acción respecto a las solicitudes presentadas por Abad.