En la provincia de Pichincha, este jueves 6 de febrero, un agente antinarcóticos fue procesad por el presunto delito de concusión.
Fiscalía anunció que, al concluir un operativo al sur de Quito, un agente antinarcóticos de la Policía Nacional, identificado como Estalin Paúl P. T., solicitó USD 3 000 a un aprehendido por presunto tráfico de drogas, antes de ser ingresado a la Unidad de Flagrancia
Según información, el agente habría llevado al detenido a “pasear”, como el uniformado no recibió el dinero, el capturado fue llevado a la dependencia correspondiente para ser procesado.
Sin embargo, el policía insistió en pedir el dinero y comentaba al afectado que “de gana va a estar preso, deposite el dinero”.
Luego de ello, el sospechoso accedió y transfirió USD 800 a la cuenta bancaria de una prima Estalin P.
Este hecho ocurrió en julio del 2023, según explicó el Fiscal especialista en Administración Pública en la audiencia de formulación de cargos ante el Juez Anticorrupción.
Durante la diligencia, la entidad presentó los elementos de convicción entre los cuales se incluyeron 6 testimonios, contando con la familiar del uniformado procesado, misma que aseguró que fue engañada por su primo y no tenía conocimiento del origen del dinero.
También se presentaron informes de transferencias bancarias, reportes telefónicos y una pericia contable.
Además, el detenido por tráfico de drogas no fue liberado, sino que el proceso de su caso fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) y ya cuenta con sentencia condenatoria.
Dentro de la investigación por tráfico ilícito de sustancias, se descubrió la presunta concusión, respaldada por las transferencias bancarias. Esta evidencia fue enviada a Fiscalía para empezar con su investigación.
Por otro lado, el policía antinarcótico alegó que ese dinero fue destinado para ayudar al aprehendido para contratar a un abogado.
En la conclusión de las partes procesales, el Juez a cargo del caso de Estalin P., ordenó la medida cautelar de presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país para el acusado. También abrió una instrucción fiscal de noventa días.
El uniformado, es procesado conforme al artículo 281, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años por el delito de concusión.
