Este lunes 17 de febrero, en Quito, se reportó un nuevo caso de maltrato animal en la Quebrada Arrayán, al sur de la ciudad. La fundación Lucky Bienestar Animal acudió al rescate de un perro hallado colgando de un alambre de púas en un terreno vacío.
Tras ser evaluado en dos clínicas veterinarias, se diagnosticó al perro con un desgarro anal y la rotura del esfínter externo. Los especialistas consideran que las lesiones son producto de una violación, ya que no existen otras explicaciones para su estado.
Además, el perro tras pruebas PCR, entre otras se determino que se encuentra débil, con síntomas de moquillo y con una salud crítica, lo que lo dejó vulnerable a este abuso.
El abuso sexual hacia animales, conocido como zoofilia, es un delito en Ecuador. Según el artículo 250 del Código Penal, quienes cometan actos sexuales con animales pueden enfrentar penas de prisión de seis meses a tres años, dependiendo de las consecuencias para el animal.
Según, expertos en salud mental advierten que la violación de animales es una conducta asociada a personas con trastornos psicológicos graves o una visión distorsionada de las relaciones sexuales.
En el Ecuador no existe un registro de denuncias ni datos estadísticos oficiales que permitan identificar la gravedad de este delito. Sin embargo, la falta de cifras no significa que no ocurra y que no represente un problema que escale a grandes problemas sociales.
Lucky Bienestar Animal ha solicitado ayuda urgente para el tratamiento del perro, ya que requiere de cuidados especiales y de hospitalización que se debe cubrir. La fundación insta a la ciudadanía a donar comida, víveres, cobijas y claramente aportes económicos para cubrir este y varios casos más en que los animales se hallan en estado critico.
El caso de este can así como otros animales víctimas de abuso sexual son sumamente preocupante y necesita la atención pública urgente. Actualmente, se halla en tratamiento la Ley LODA que expondría a que estos casos queden en la impunidad porque se quita la capacidad a los municipios de dar seguimiento y posterior sanción a quiénes atentan contra la vida animal ya que la ciudadanía común no podría enfrentar dichos casos debido a la complejidad y costos.
Por ello, organizaciones defensoras de animales y gremios sociales se unirán a la Marcha Nacional del 22 de febrero para exigir que esta ley sea archivada.
La fundación también pide a quienes puedan aportar información sobre el caso que se comuniquen para ayudar a hacer justicia.