El gobierno de Daniel Noboa estaría considerando la posibilidad de concesionar el campo petrolero Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, a un consorcio liderado por empresas chinas y canadienses, Amodaimi (filial de Sinopec) y Petrolia (filial de New Estratus Energy). Esta concesión sería directa, sin concurso público, y se realizaría bajo un contrato de participación de 20 años, en el cual la petrolera privada asume la operación y realizaría inversiones en el campo a cambio de un porcentaje de la producción.
En otras palabras, el consorcio reconocería a favor del Estado el 80% de la producción total del Campo Sacha, mientras que el restante 20% sería para el consorcio chino candiense.
Datos clave sobre Sacha:
- Producción: 77,191 barriles diarios, lo que representa el 16% de la producción petrolera nacional de Ecuador (475,000 barriles/día).
- Calidad: Crudo tipo Oriente con 28 grados API, superior al promedio nacional de 23 grados API.
- Reservas: 342 millones de barriles (datos de enero 2024).
El consorcio pretende invertir en el campo con el objetivo de aumentar la producción hasta los 100,000 barriles diarios en un plazo de tres años. La propuesta incluye un bono anticipado de USD 1,500 millones en efectivo al momento de la firma del contrato para el Estado y una inversión total de USD 1,716 millones durante los 20 años de concesión. Además, cubrirían los costos para mantener la producción actual de USD 175 millones al año, lo que sumaría un total de USD 3,500 millones en 20 años.
Sin embargo, el Grupo de Transformación Energética, que incluye especialistas en petróleo y electricidad, sugiere que el porcentaje del consorcio debería aplicarse solo sobre la producción adicional que logre generar la empresa y no sobre la producción existente, ya que el consorcio no ha invertido en ella y en el caso de firmar, la asociación se llevaría el 20% de la producción que actualmente produce el campo diariamente en la cual Petroecuador invirtió.
Además, el grupo propone que las inversiones sean dirigidas a perforar nuevas zonas y realizar recuperación secundaria en pozos ya en producción, evitando el agotamiento acelerado de las reservas.
Este tipo de concesión no es nuevo en Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa se introdujo un mecanismo similar con anticipos petroleros, pero el modelo fue criticado por no ser favorable al Estado, debido a las altas tarifas y la falta de control sobre las inversiones de las empresas privadas.
Por otro lado, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, expresó su preocupación sobre la posible concesión del Campo Sacha a un consorcio privado, acusando al Ejecutivo de intentar entregar el campo sin cumplir con las regulaciones y el ordenamiento jurídico, lo que podría generar un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 1.641 millones.
Veloz señaló que otorgar el Bloque 60 a un consorcio que, según ella, no está preparado para operar, responde a “intereses ocultos, presuntamente inconfesables” y a la irresponsabilidad del gobierno. La legisladora cuestionó la transparencia y la legalidad de la propuesta, que ha generado un fuerte rechazo dentro de la Asamblea y entre sectores políticos del país.