Tras doce días de juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su alegato de cierre y pidió una pena agravada de 13 años y 4 meses de prisión para Pablo Muentes, exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y Johann Marfetán, exjuez. Los tres son considerados los líderes de la estructura de delincuencia organizada en el caso Purga.
El fiscal subrogante Wilson Toainga explicó que Muentes, Gallardo y Marfetán habrían orquestado un plan para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas, manipulando el Poder Judicial a favor de sus intereses personales y económicos.
Toainga también solicitó una sentencia de 9 años y 4 meses de prisión para siete procesados, considerados colaboradores de la estructura: Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Saúl M., Guillermo V., Juan R. y Andrea P. Además, pidió 7 años de pena privativa de libertad (sin agravantes) para Fausto Alfonso A.G.
Para Alberto L. y Ruth S., quienes cooperaron con el grupo, se solicitó una pena de un año y 4 meses de cárcel. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que estos individuos colaboraron con la estructura criminal para cumplir los intereses políticos, económicos y criminales del grupo.
El testimonio clave en el caso fue el de Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Guayas. Salazar, quien se acogió a la cooperación eficaz y cumple una sentencia en otro caso de delincuencia organizada, reveló que recibió pagos para ayudar a instrumentalizar la estructura criminal.
El fiscal destacó que las pruebas evidencian que el grupo criminal intervino en la manipulación de procesos clave, incluyendo los casos de Banco Pacífico, Tierras, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, así como diversas acciones administrativas y actividades de grupos de delincuencia organizada.
