Diferentes asociaciones civiles y algunos de los seis activistas sociales condenados a tres años de prisión en Ecuador por asociación ilícita se concentraron este lunes en Quito. Su exigencia fue que la Corte Nacional de Justicia admita el recurso de casación que busca anular la sentencia en su contra.
Desde las inmediaciones de la Corte, los acusados rechazaron la condena y defendieron que su única acción fue «defender el agua, la Pachamama y la naturaleza» de su territorio. La sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Guaranda también impuso una multa de 4.600 dólares. Sin embargo, el pasado 19 de febrero, la Corte Provincial de Bolívar rechazó su recurso de apelación.
Luis Borja, docente por más de 26 años y uno de los sentenciados, explicó que en 2021 «un grupo de campesinos y dirigentes comunitarios» de la zona se reunió para protestar contra el proyecto minero Curipamba-El Domo. Según Borja, han sido «criminalizados injustamente» y perseguidos políticos solo por manifestarse pacíficamente.
Las cortes los acusan de haber incendiado un campamento y dañado un patrullero, pero, según Borja, «no han demostrado pruebas fehacientes». Aseguró que se han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, a la naturaleza y al ser humano.
Freddy Díaz, coordinador del Frente de Defensa del Agua, denunció que «unas 30 personas» enfrentan procesos judiciales impulsados por la empresa Curimining sin pruebas en su contra. Además, advirtió que el proyecto afecta fuentes de agua que alimentan la cuenca del río Guayas, perjudicando a millones en Guayas, Los Ríos y Bolívar.
Por su parte, Ángel Osvaldo, representante del Frente Cantonal Urbano de Las Naves, cuestionó la legalidad de las licencias ambientales otorgadas a la minera. También recordó que el presidente Daniel Noboa afirmó en campaña que donde hay fuentes hídricas no puede haber minería.
Borja advirtió sobre el impacto ambiental y social del proyecto. Aseguró que la minería a gran escala empobrece a las comunidades, afecta la agricultura y la ganadería, y genera mayor indigencia y desnutrición infantil.
El proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en Las Naves, Bolívar, es operado por Curimining, una empresa de capital canadiense que planea extraer cobre, oro, zinc y plata. La licencia de explotación fue otorgada el 23 de enero de 2024, pese a una acción de protección presentada por comunidades locales, la cual fue rechazada.