La Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión contra Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC); Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Johan Marfetán, exjuez del Guayas. La decisión se enmarca en el Caso Purga, relacionado con una red de delincuencia organizada en el sistema judicial de Guayas.
Según la investigación, los sentenciados coordinaron y dirigieron una estructura criminal dentro del sistema judicial. Además, Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Ramos Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofrío y Ruth Solano fueron calificados como «autores directos» por colaborar con la organización delictiva. Por ello, se les impuso una pena de 9 años y 4 meses de prisión.
Por otro lado, el tribunal ratificó la inocencia de Fausto A., Andrea P. y Saúl M., quienes recuperaron su libertad de inmediato. También se levantaron sus medidas cautelares y se ordenó la devolución de sus bienes incautados.
La sentencia fue dictada tras una audiencia de seis horas y media. El tribunal estuvo conformado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, quien actuó como jueza ponente. Durante la resolución, se estableció que el accionar de los acusados fue «doloso» y, que pusieron en peligro la seguridad pública.
El tribunal calificó a Muentes, Gallardo y Marfetán como «culpables y autores directos por haber ejercido el mando, la dirección y la planificación de la organización criminal», respectivamente.
El tribunal consideró que Muentes, Gallardo y Marfetán lideraron, planificaron y dirigieron la organización criminal. Además de la pena privativa de libertad, los tres principales acusados deberán pagar 40 salarios básicos unificados (USD 18.800), mientras que los colaboradores abonarán 20 salarios básicos unificados (USD 9.400). También se ordenó el decomiso de bienes incautados y la pérdida de derechos de participación por 20 años para los cabecillas y 15 años para los colaboradores.
El caso purga surgió ras la investigación del Caso Metástasis, que analizó la injerencia del narcotráfico en la política. La indagación inició con allanamientos realizados el 4 de marzo de 2023, donde se detuvo a 12 personas, entre ellas Muentes y jueces del Guayas. La Fiscalía reunió pruebas como documentos, testimonios y evidencias extraídas de dispositivos electrónicos.
Uno de los testimonios clave fue el de Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas. Durante su declaración, afirmó que trabajaba para Fabiola Gallardo pero también reportaba sus actividades a Muentes. Reveló que recibía un sueldo mensual de USD 2.500 en efectivo en la casa del exasambleísta, identificada como «centro de operaciones». También se le ordenó manipular el sorteo del caso Banco del Pacífico.