El fuerte invernal ha afectado a varias zonas del Ecuador específicamente a la Costa. Esto trajo la consecuencia que la red vial estatal de ocho provincias sea declarada en emergencia por la magnitud del temporal.
Esto se determinó con el fin realizar nuevas contrataciones y de esta manera mitigar el impacto de las lluvias en ciudadanos, viviendas, servicios básicos y en la infraestructura nacional.
El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional junto con el Gobierno declararon en emergencia a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Loja y Azuay.
Sin embargo, el pasado 24 de febrero, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya habría declarado “emergencia regional por épocas de lluvia”.
Pero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó el pasado 1 de marzo que se dispondrá declaratoria de emergencia a la red vial estatal debido a que la temporada ha golpeado en gran magnitud a las vías de estas ocho provincias.
Es por ello que la entidad realizó un informe en el que consta que “Se ha determinado que la red vial estatal de las provincias de la región Litoral, así como las provincias de Loja y Azuay, han sido severamente afectadas por la presencia de fuertes y constantes precipitaciones, lo cual dificulta la conexión de estas provincias con el resto del país, generando grandes pérdidas económicas”.
Es así que dentro del documento se recalcó la urgencia con la cual se debe manejar esta emergencia y evitar que esto afecte definitivamente a la movilidad de estos territorios debido a que estas vías conectan las regiones de la Sierra y Costa. Es decir, por aquí transitan alrededor del 53,3% del país.
De acuerdo a las evaluaciones que realizaron técnicos especializados se pudo evidenciar que existen puntos críticos en la red vial estatal. Es allí donde se han registrado deslaves, taludes inestables, movimientos de material que según el Ministerio tuvo que intervenir con maquinaria y equipo para que se remueva los escombros y así habilitar nuevamente el paso vehicular.
Por otro lado, Luque dispuso la priorización de recursos económicos y humanos para cubrir estas contrataciones en este tipo de emergencia y sugirió que las subsecretarías zonales sean las encargadas junto con las direcciones distritales de las provincias declaradas en emergencia que realicen compras urgentes.
También consta en el texto que de ser estrictamente necesario serán habilitados temporalmente la circulación por los caminos privados o terrenos colindantes cuando se produzca una interrupción entre estos sectores.
El funcionario permitió el uso de máquinas y herramientas de particulares siempre y cuando se pague un valor equitativo para realizar las reparaciones necesarias en los daños producidos.
Es así que, debido a las fuertes precipitaciones, incluso durante el feriado, al menos 15 instituciones públicas que incluyen distritos del Ministerio, gobiernos municipales y parroquiales, habrían declarado el estado de emergencia durante la última semana, esto rigió hasta el medio día del 5 de marzo.
Dentro de estas instituciones se incluyó a la prefectura de Santa Elena y los municipios de Santa Elena, Las Lajas, Bolívar, Celica, Piñas, Sozoranga, Portovelo, Tosagua, y los distritos del MTOP del cantón Esmeraldas, de Santa Elena, de Machala, de Tenguel, de Baba, y gobierno parroquial Simón Bolívar.
Dentro de algunos de estos territorios esto tendrá vigencia de un plazo de hasta 60 días, mientras que en otros no están tiempos establecidos.
Uno de ellos, que regirá los 60 días será el municipio de Santa Elena y además dispuso que se brinde la asistencia que sea necesaria para “precautelar la seguridad de las vidas humanas, de la infraestructura y de los bienes del Estado, incluyendo de manera inmediata la disposición de recursos humanos, materiales y financieros”.
Mientras tanto, María del Carmen Aquino, alcaldesa de Santa Elena, el pasado 28 de febrero ya firmó esta declaratoria en la que se comprarán bienes o a su vez la contratación de obras de manera directa para que briden los respectivos servicios de consultorías o de ayuda humanitaria.
Por otro lado, Ledy Muñoz Peñarrieta, alcaldesa del cantón Bolívar, en Manabí, también se acogió a la declaratoria de emergencia que sugieren los 60 días de vigencia.
Muñoz ordenó de igual manera, que las direcciones de participación ciudadana, infraestructura pública, servicios básicos, comunicación, entre otros presenten requerimientos básicos para atender las afectaciones en su territorio.
Otros de los cantones que se sumaron a la declaratorio fue el cantón Olmedo es así que los funcionarios indicaron que “en virtud de la situación crítica derivada de la etapa invernal y al movimiento en masa de gran magnitud en el sector La Y, y por el desbordamiento de quebrada con taponamiento de alcantarilla en el sector Guangalo, debido a la temporada invernal”.
Esto fue firmado por el alcalde Jonathan Carrión, en donde constan un listado de gastos para superar la emergencia en el cual están la compra de maquinarias, contratación de un estudio hidrológico en la franja afectada por el deslave y la construcción de una alcantarilla.
Se determinó que algunos de estos gastos costarán alrededor de USD 50.000 y que podrían aumentar de acuerdo a los estragos que siga dejando el temporal.
También, Madeleivy Aguilar, alcaldesa de Portoviejo declaró emergencia en su cantón después de que el COE local se activó y realizara reuniones de mesas de trabajo para recomendar la toma de decisiones. Allí se incluyó un presupuesto necesario para atender la emergencia respectiva.