Este martes 11 de marzo, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional continuó con la investigación sobre las presuntas irregularidades en la entrega de chalecos y cascos balísticos a las fuerzas del orden. La sesión se reinstaló para evaluar el caso, pero autoridades clave, como el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no se presentaron ante la mesa legislativa para dar respuestas.
A pesar de su ausencia, las asambleístas Jhajaira Urresta y María Fernanda Araujo aportaron a la discusión, solicitando el inicio de fiscalización sobre el proceso de adquisición y distribución de los chalecos y cascos. Ambas legisladoras enfatizaron la gravedad de la situación y la necesidad de investigar a fondo las irregularidades señaladas en el proceso de compra de estos equipos de protección.
Legisladora Jhajaira Urresta destaca informe de La Posta en caso de chalecos defectuosos
En el marco de la adquisición irregular de chalecos y cascos realizada por el gobierno, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reinstaló para continuar con la investigación. Durante su intervención, Jhajaira Urresta destacó un informe revelador que surgió del medio digital, La Posta.
Pese a las diferencias ideológicas, Urresta recalcó la iniciativa del medio digital. En la investigación, la legisladora señaló que el teniente coronel Washington Rosero afirmó que los chalecos balísticos entregados no cumplen con el gramaje necesario para ser clasificados como nivel 3 y 3A, que es el estándar requerido para que las fuerzas del orden puedan enfrentarse al armamento de los grupos de crimen organizado.
Además, Urresta indicó que la orden de compras públicas utilizada para la adquisición de los chalecos no era la correcta. Según su declaración, esta compra no debía realizarse bajo la orden general, sino bajo una orden específica para estrategias especiales, que hubiera permitido un mejor control y adquisición de equipo adecuado para la seguridad de los policías.
Por otro lado, la legisladora María Fernanda Araujo expresó su preocupación sobre la adquisición de los chalecos, señalando que estos no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para ser considerados adecuados para las fuerzas de seguridad. Araujo también destacó que los chalecos fueron comprados a una empresa que no cumplía con los requisitos legales para vender al Estado, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso de adquisición.
El legislador, Henry Bósquez en cambió defendió la compra de los chalecos, argumentando que los mismos cuentan con 20 capas balísticas de protección en su diseño, lo que, según él, proporciona una protección adecuada para los uniformados. Bósquez aseguró que estos chalecos favorecerán las operaciones de los agentes, brindándoles la seguridad necesaria para enfrentarse a situaciones de riesgo durante sus labores de seguridad y combate al crimen organizado.
Descalificación crucial para enfrentar el riesgo a las fuerzas de seguridad
Tras la intervención de los miembros de la Comisión de Justicia, el presidente Fernando Cedeño procedió a clausurar la sesión al no haber más pedidos de palabra. En su intervención final a los medios, Cedeño recalcó la gravedad de la situación relacionada con la adquisición irregular de chalecos y cascos para las fuerzas de seguridad. Destacó que, actualmente, se están recabando información crucial sobre el caso “En este momento estamos recabando información, por ello el tema de la descalificación es muy importante ya que estamos ante un grave caso de corrupción que involucra a altas personalidades del estado”.
Cedeño señaló que el caso no solo es grave desde el punto de vista administrativo, sino que también tiene implicaciones directas en la seguridad de los servidores públicos, ya que las especificaciones técnicas de los chalecos no cumplen con los estándares requeridos para proteger a las fuerzas armadas y de orden en situaciones de alto riesgo, como enfrentamientos con grupos de crimen organizado.
El presidente de la comisión expresó su preocupación por las afectaciones a las fuerzas del orden, alertando que los equipos de protección adquiridos, al no cumplir con los requisitos técnicos adecuados, ponen en peligro la vida de quienes deben hacer frente a la delincuencia organizada. La comisión, que continuará con el análisis y evaluación de la compra, buscando esclarecer posibles actos de corrupción y el impacto de estas adquisiciones en la seguridad de las fuerzas de seguridad del país.