Este miércoles 18 de marzo, en Guayaquil, dos militares fueron llamados a juicio por ingresar artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral.
Los uniformados fueron identificados como Antonio T. Ch., y Luis M. N., militares en servicio activo que actualmente son procesados por ingresar elementos no autorizados al centro carcelario.
El incidente ocurrió el 4 de febrero de 2024, cuando personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA), se encontraba en el Pabellón 3 de la cárcel en Guayaquil alertó sobre el posible ingreso de dos teléfonos celulares por parte de los procesados.
Durante una inspección en el lugar, fueron encontrados los dispositivos debajo de una silla tipo pupitre, en un casillero y cubiertos con hierba. Presuntamente los militares sentenciados los habrían ocultado en este sitio.
Luego de ello, los uniformados fueron aprehendidos y trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, en donde un Juez ordenó prisión preventiva en su contra.
El Fiscal de la Unidad de Soluciones Rápidas a cargo del caso presentó los elementos recabados, entre ellos: las versiones de los agentes policiales, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos, la pericia informática practicada a equipos móviles y cámaras de video, la inspección ocular técnica, el informe investigativo elaborado por la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional y la denuncia presentada por el oficial de las Fuerzas Armadas que intervino en el caso.
Aparte del llamado a juicio de los implicados, el magistrado ratificó la orden de prisión preventiva y la retención de valores para pagar la multa y reparación al Estado. De igual manera, el denunciante será ingresado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
Fiscalía inició este proceso con base en el artículo 275, incisos segundo y quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa establece que el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios será sancionado con hasta seis años de privación de libertad, una multa de hasta veinte salarios básicos unificados y una reparación integral para la víctima.