El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la apelación presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, con 3 votos a favor, y ratificó la sentencia en su contra por violencia política de género. La decisión surge a raíz de la denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
De acuerdo con la sentencia, Abad deberá pagar una multa equivalente a 30 Salarios Básicos Unificados (USD 14.100) y se le suspenderán los derechos políticos por un período de dos años.
Este fallo pone fin a la apelación, dejando en firme la sanción impuesta a la segunda mandataria.
El juez Guillermo Ortega determinó que Abad incurrió en infracciones del Código de la Democracia, específicamente relacionadas con tres conductas: la difusión de expresiones estereotípicas de género para dañar la imagen pública de la canciller, la divulgación de información que reproduce la desigualdad y discriminación hacia las mujeres, y la limitación del uso de recursos inherentes al cargo de la afectada.
El caso fue aplazado el viernes pasado y se retomó hoy. En este caso perdería su cargo como vicepresidenta entre el 28 y 31 de marzo. Este sería un hecho sin precedentes en Ecuador, ya que nunca antes un vicepresidente había perdido temporalmente sus derechos políticos.
Según abogados constitucionalistas, esta suspensión no es aplicable directamente a un vicepresidente, y su situación podría configurarse como una ausencia temporal.
En caso de que se determine la ausencia temporal de Abad, el presidente Daniel Noboa debería nombrar a una ministra encargada de la Vicepresidencia, mediante un oficio, hasta que transcurra el plazo de tres meses. Este procedimiento no necesariamente requeriría un Decreto Ejecutivo, ya que con la sentencia se considera una causal de fuerza mayor.
La Corte Constitucional subraya que el tratamiento de la suspensión de derechos políticos de un vicepresidente difiere del de otros funcionarios públicos. Mientras que un servidor público común debe abandonar su cargo inmediatamente tras la pérdida de sus derechos políticos, en el caso de la Vicepresidencia, es la Asamblea Nacional quien tiene la última palabra sobre la ausencia temporal o definitiva.
Actualmente, Abad se encuentra en Turquía desde el 17 de marzo de 2025, cumpliendo con el Decreto Ejecutivo 490, que la designa como consejera temporal en asuntos económicos en Ankara.
La postura de Verónica Abad
A través de sus redes sociales, Verónica Abad defendió su postura, asegurando que la suspensión de sus derechos políticos no equivale a su destitución. «Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional», declaró.
Abad agregó que el TCE no tiene competencia para cesar a una autoridad elegida por voto popular, ya que esa facultad corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, a través de un juicio político. «Suspender mis derechos políticos no es igual a destituirme del cargo encomendado por el pueblo», subrayó.