Este jueves 27 de marzo, en Guayaquil, la Fiscalía General del Estado procesó a 11 sospechosos por cometer el presunto delito de delincuencia organizada con fines de estafa, captación ilegal de dinero y testaferrismo en la compra de bienes y vehículos.
Los involucrados fueron detenidos en diferentes operativos ejecutados por la Policía Nacional la madrugada del miércoles 26 de marzo en la Guayaquil y Quito. De acuerdo a las investigaciones, los sujetos habrían perjudicado a 80 personas con más de USD 300 000 dólares.
La entidad junto con la Unidot-G iniciaron una investigación el 1 de diciembre de 2023 luego de recibir denuncias ciudadanas en donde mencionaron que una empresa se dedicaba a la venta de vehículos nuevos de alta gama, maquinaria pesada, bienes y raíces y la captación de dinero de personas interesadas en adquirirlos.
Dentro de la línea investigativa se determinó que los procesados ofrecían precios más cómodos que el mercado automotriz y ofrecían entregas inmediatas.
Como resultado, los ciudadanos interesados realizaban depósitos iniciales y pagos mensuales por la adquisición de los bienes. Pero, cuando decidieron cancelar los programas de compra y recuperar su dinero, los detenidos se negaban.
Luego de la aprehensión de los involucrados la Policía incautó otros indicios como un vehículo 12 celulares, dos laptops, una Tablet y documentación relacionada al caso.
Durante la audiencia realizada la madrugada de este jueves se presentaron elementos de convicción entre ellos oficios de la Superintendencia de Compañías, que indican que los sospechosos son representantes legales y accionistas de la empresa.
Es así que el Juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados que fueron identificados como Luis M., Luis V., Joao C., Jonathan G., Jennifer M., Josber L. y Víctor J.
Uno de los capturados fue trasladado a una casa asistencial debido a que en días anteriores fue sometido a una cirugía, una vez que se recupere será trasladado a la Penitenciaría del Litoral.
Mientras que los sospechosos Carmen O., Eirck C., Eder B., y Sara C., fueron dictados medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica cada ocho días ante el Fiscal.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.