. La notificación oficial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad ha reavivado la incertidumbre sobre su permanencia en la Vicepresidencia.
La sentencia, de segunda y definitiva instancia, deja abierta la discusión sobre si la sanción implica también el abandono del cargo o solo la inhabilidad para participar electoralmente.
En esa búsqueda de entender la sanción, Dominique Dávila, abogada de Abad, anunció que este jueves 27 de marzo presentarán un recurso de aclaración y ampliación ante el TCE con el objetivo es definir el alcance real de la medida.
Es decir, con el recurso se comprenda si la decisión afecta directamente el estatus de Abad como vicepresidenta. Además, Dávila calificó la sentencia como inconstitucional y la atribuyó a una «agenda política del gobierno actual».
Ante este panorama existe un debate de carácter legal y político. Por ejemplo, José de la Gasca señaló que la sanción del TCE configuraría una «ausencia temporal por fuerza mayor». Por lo que, el presidente Daniel Noboa deberá nombrar a una persona que supla a Abad en sus funciones. Esto podría ocurrir desde el 31 de marzo, una vez ejecutado el fallo.
A pesar de ello, hay quienes sostienen que Abad puede seguir siendo vicepresidenta, ya que la sanción se limita a no poder elegir ni ser elegida por dos años.
Mientras tanto, el país permanece atento a la resolución final del recurso y a la decisión que tome el Ejecutivo frente a esta situación institucional.