La bancada legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN) expresó su rechazo enérgico al proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, promovido por la asambleísta de Revolución Ciudadana Esther Cuesta y respaldado por Paola Cabezas. ADN argumenta que la propuesta atenta contra la libertad religiosa y de expresión, además de imponer sanciones a las iglesias por sus posturas doctrinales. Según el artículo 4, numeral 2, las iglesias estarían obligadas a aplicar el enfoque de género y, en caso de incumplimiento, podrían enfrentar sanciones como suspensión, cancelación o extinción de su personería jurídica.
Otro punto cuestionado es el artículo 32, que considera infracción que las iglesias “promuevan conductas discriminatorias”, lo que, según ADN, podría interpretarse como una sanción a quienes se opongan al lenguaje inclusivo, la ideología de género o a ciertos valores religiosos.
El artículo 34 también ha generado debate, pues establece sanciones para las organizaciones religiosas que realicen proselitismo político, lo que ADN considera una medida dirigida a castigar a líderes religiosos que han denunciado corrupción, particularmente en relación con la Liga Azul.
ADN considera que este proyecto de ley representa un intento de persecución política contra la iglesia y sus líderes, pues de aprobarse, las organizaciones religiosas podrían ser investigadas por la Fiscalía y la Contraloría.
“Rechazamos rotundamente estas pretensiones del correísmo, que buscan coartar la libertad de culto y el ejercicio pleno de la libertad religiosa, pilares fundamentales de una sociedad libre”, señaló la bancada en un comunicado. Además, indicó que este proyecto sería una supuesta represalia ya que surge tras que representantes religiosos se pronunciaran en contra de la corrupción en el caso “Liga Azul” en el cuál miembro de la RC han sido involucrados al crimen organizado.
El proyecto aún debe ser discutido en la Asamblea Nacional, donde las posturas están divididas. Mientras la Revolución Ciudadana defiende la propuesta como una medida para evitar la discriminación en espacios religiosos, ADN y otras bancadas la ven como una restricción a las libertades fundamentales.
La asambleísta Nathaly Farinango enfatizó que los temas de fe y creencias no deben ser legislados desde la Asamblea Nacional: “Hay que regular ciertos aspectos, sí, pero tal y como está planteado el proyecto de Ley de la Revolución Ciudadana, no”.
Farinango también cuestionó que el proyecto no cumple con requisitos esenciales y no debería ser calificado por el CAL en su forma actual.
