El traslado del Pleno de la Asamblea Nacional a Esmeraldas sigue generando debate. Mientras los legisladores acudieron a la provincia con la premisa de solidarizarse por el derrame de petróleo, el gobierno analiza la posibilidad de fiscalizar los recursos utilizados en el desplazamiento.
Ante las dudas sobre el uso de fondos públicos, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, aclaró que la sesión del 26 de marzo no incluyó viáticos para los asambleístas.
Según la Secretaría General, en la sesión N° 1017 no se autorizó ni se desembolsó dinero para movilización, transporte, hospedaje o viáticos de legisladores y funcionarios de alto rango.
En su cuenta de X, Muñoz reiteró que cada asambleísta y funcionario cubrió sus propios gastos. Así, insistió en que no se usaron recursos públicos para este traslado.
A pesar de estas aclaraciones, la polémica sobre la sesión en Esmeraldas sigue abierta, mientras el gobierno evalúa nuevas acciones de control.
