Este jueves 3 de abril, el Tribunal Penal de Azuay declaró culpable a Francisco L. D., de 64 años quien fue sentenciado a cumplir una condena de 29 años y cuatro meses de prisión por la violación ocurrida en contra de una niña de 8 años.
El sospechoso habría violentado sexualmente a la menor de edad y le pidió que no contara de lo sucedido. Es así que, durante la presentación de alegatos, la fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género 1 de Cuenca, narró los hechos.
La funcionaria indicó que meses antes de que el delito se cometa, la víctima y su familia se trasladaron a vivir en una habitación en el mismo inmueble donde residía Francisco L. D., en la parroquia de Sayausí.
Conforme pasaban los días, el hombre se ganó la confianza de la familia compartiéndoles internet para las tareas escolares de la víctima, invitándoles a comer y regalándole golosinas a la menor.
La investigación determinó que el ahora sentenciado aprovechaba la ausencia de la madre, quien salía a trabajar, para invitar a la pequeña a su domicilio con el pretexto de ver televisión y tomar café. En este contexto, se produjeron las primeras agresiones sexuales.
Luego de ello el 10 de diciembre de 2021, el agresor violentó sexualmente a la niña y le pidió que no contara lo sucedido ni los hechos anteriores. Cuando la madre llegó al domicilio, encontró a su hija acostada en la cama y con sangrado. Al preguntarle qué habría ocurrido, la pequeña respondió que se había caído en la ducha.
La mujer acudió donde el implicado para para pedirle dinero y llevar a su hija a un hospital. A pesar de la gravedad de las heridas, la médica tratante le dio el alta y le indicó a la madre que acudiera a Fiscalía, pues había indicios de una posible agresión.
Posterior a esto, la salud de la víctima siguió deteriorándose, por lo que el 14 de diciembre del mismo año fue llevada a Fiscalía, donde se le practicó una pericia médico-legal y fue remitida a una casa de salud.
En este lugar, la víctima relató a los médicos que fue violentada sexualmente por su vecino. De inmediato, las autoridades realizaron una cirugía para salvarle la vida.
Durante la audiencia de juicio, la entidad demostró su teoría del caso con el testimonio anticipado de la víctima, de su madre, de los médicos y un psicólogo que atendieron a la niña. Entre las pruebas documentales constan las historias clínicas y copias certificadas del expediente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.