Este martes 8 de abril, la fiscal general Diana Salazar definirá si continúa en funciones tras el fin de su período legal. Salazar fue designada para un período de seis años, que concluye el 9 de abril de 2025.
Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado designar a su sucesor. Razón por la cual el proceso se estancó por la destitución de tres consejeros del CPCCS tras su implicación en el caso Ligados.
Anticipando el escenario, el 24 de febrero la fiscal general consultó al procurador del Estado sobre qué hacer si no hay reemplazo al terminar su período. La Procuraduría respondió que puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada, para garantizar la continuidad institucional. La misma lógica se aplica al fiscal subrogante, Wilson Toainga.
Ante este panorama la Procuraduría dictaminó que Salazar contaría con un respaldo legal en el Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe la reelección de la fiscal general, pero permite su permanencia prorrogada hasta que se nombre a la nueva autoridad.
Es decir, si Salazar acepta continuar, podría quedarse en el cargo por varios meses. De no hacerlo el fiscal subrogante, Toainga tendría la opción de dar continuidad al cargo.
El concurso para su reemplazo apenas ha llegado a la fase de nombramiento de veeduría ciudadana.