El Caso Triple A avanza, después de varios diferimientos por varias causas, finalmente la mañana del 9 de abril de 2025 la audiencia se instaló en el Complejo Judicial del Norte de Quito.
Es así que se determinó que Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, deberá cumplir con medidas alternativas luego de comprobar su vinculación por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Durante el proceso judicial, el fiscal Carlos Alarcón, solicitó prisión preventiva en contra del funcionario público, sin embargo, el juez anticorrupción Renán Andrade, no acogió el pedido.
Luego de dicha disposición, Alvarez rechazó que la Fiscalía pidiera orden de prisión preventiva en su contra. Así señaló en sus redes sociales: «El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado (…). Veremos que resuelve el juez. Pero aquí estoy, no he huido ni huiré».
De igual manera, acotó que esto se trataría de una persecución política para desviar la atención del video difundido un día antes de la audiencia, en donde Verónica Sarauz, exesposa del excandidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, dice acusaciones graves en contra de la fiscal Diana Salazar.
También, el alcalde sostuvo que este caso en el cuál aparece su nombre se trataría de un montaje y aseguró que enfrentará la situación con firmeza. Aquiles Alvarez, aprovechó su publicación para criticar duramente al Gobierno, mismo que acusa de actuar con motivaciones políticas.
En este proceso en onde la causa principal es la presunta comercialización ilegal de combustibles hay cinco personas involucradas y cinco empresas procesadas. Además, Alarcón solicito la vinculación de 10 personas más en donde se nombra al Burgomaestre, Aquiles Alvarez.
En la nueva lista, aparte del alcalde de Guayaquil, interviene cuatro contadores relacionados a este caso. Por otro lado, cuando el caso inició, en julio de 2024, se habían vinculado a otras tres personas que rigen la misma profesión y que presuntamente trabajaban para las empresas involucradas, además que tenían conocimiento de las supuestas irregularidades.