Un giro judicial marca la última etapa del caso “Las Malvinas”, relacionado con la desaparición y asesinato de cuatro adolescentes en Guayaquil en diciembre de 2024. Este lunes, la Sala de la Corte Provincial del Guayas revocó la sentencia de habeas corpus que había declarado la desaparición forzada de los jóvenes y la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el hecho.
La sentencia anulada, emitida en diciembre por la jueza Tanya Loor, se originó a partir de una acción presentada por las familias de Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, quienes fueron detenidos por militares durante un operativo en el sur de Guayaquil y posteriormente hallados sin vida, con signos de violencia, en la parroquia rural de Taura.
La revocatoria, sin embargo, no afecta el proceso penal en curso, en el que 17 militares permanecen procesados y con prisión preventiva por este crimen.
La Fiscalía General ha cerrado la etapa de instrucción y la audiencia preparatoria de juicio está convocada para el próximo 27 de mayo a las 14h00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
El abogado de las familias, Fernando Bastias, anunció por sus redes que se presentará una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional, pues considera que la decisión de la Corte Provincial representa un retroceso en el reconocimiento de derechos y responsabilidades del Estado en este tipo de delitos.
Este caso, considerado uno de los más graves del uso de fuerza durante un estado de excepción, ha generado un fuerte debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y la necesidad de establecer límites.