La Asamblea Nacional aceptó con 136 votos de 136 asambleístas presentes la renuncia irrevocable de Diana Salazar como fiscal general del Estado.
En una sesión breve y sin debate, el legislador Andrés Castillo, presentó la moción destacando su lucha contra la corrupción. Mientras tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana se manifestó en contra, sentándose de espaldas al Pleno como forma de protesta.
Diana Salazar, quien lideró casos emblemáticos como Purga, Sobornos, Metástasis, etc., argumentó razones de seguridad para su salida y anunció que se radicará fuera del país. Minutos después, el presidente Daniel Noboa la designó embajadora en Argentina, cargo que ya cuenta con beneplácito del gobierno de ese país.
La decisión ha generado reacciones divididas: mientras la Embajada de EE. UU. elogió su compromiso con la justicia, voces como la de Andrés Arauz (RC) denuncian un presunto “pago político” por parte del Ejecutivo.
Tras la renuncia de Diana Salazar, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe iniciar el proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado. Según la ley, el CPCCS tiene 30 días para conformar una Comisión Ciudadana de Selección, compuesta por diez miembros: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de la sociedad civil. Esta comisión llevará adelante un concurso público de méritos y oposición.
El proceso incluye convocatoria, revisión de requisitos, evaluación de méritos, pruebas, impugnaciones ciudadanas y finalmente la designación por parte del CPCCS. Mientras se lleva a cabo este procedimiento, que podría extenderse por varios meses, Wilson Toainga ejercerá como fiscal general encargado.