El Caso Pantalla dio un paso crucial este martes 27 de mayo cuando el Fiscal General del Estado, Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio contra Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel T., exjueza de Santo Domingo, por presunta asociación ilícita.
La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, luego de que el conjuez Edison Cantos declarara la validez procesal de todo lo actuado en la causa. Con base en 177 elementos de convicción, la Fiscalía acusó a ambos procesados como autores directos del delito. Además, solicitó que sean llamados a juicio y que se ratifiquen las medidas cautelares vigentes.
En su intervención, Toainga también pidió que se oficie a la Interpol para emitir una difusión roja contra Anabel T., actualmente prófuga. El fiscal anunció la prueba que presentará en juicio, mientras la diligencia fue suspendida y se reinstalará este miércoles a las 10:00.
La investigación comenzó en febrero de 2024 a partir de una denuncia del entonces Director General del Consejo de la Judicatura. Está relacionada con el concurso público de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia realizado en 2023, el cual fue anulado en enero de 2024 por presuntas irregularidades.
Según la Fiscalía, altos funcionarios del Consejo habrían conformado una red para manipular el proceso de selección, favoreciendo a ciertos candidatos a través de filtraciones, presiones y estrategias encubiertas.
Además de Wilman T. y Anabel T., tres exfuncionarios ya fueron sentenciados bajo procedimiento abreviado tras reconocer su participación en los hechos. Se trata de David Guzmán, exdirector del Consejo de la Judicatura y dos exasesores jurídicos, quienes recibieron condenas reducidas por asociación ilícita.
De acuerdo con el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de asociación ilícita está penado con una condena de tres a cinco años de prisión.
La continuación de la audiencia permitirá al conjuez decidir si acepta la acusación formal y llama a juicio a los procesados. Este proceso es clave para esclarecer las responsabilidades en una de las mayores denuncias de corrupción institucional que ha enfrentado el sistema judicial ecuatoriano en los últimos años.