El presidente, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, con carácter económico urgente. Esta propuesta busca transformar de forma integral el sistema de contratación pública en Ecuador, una de las áreas más críticas en la gestión estatal.
Según el comunicado oficial emitido por la Presidencia, “la propuesta busca transformar la contratación pública, uno de los principales mecanismos del Estado para ejecutar políticas y proyectos, históricamente afectado por la ineficiencia, la opacidad y la corrupción del Viejo Ecuador”.
El nuevo modelo prioriza la planificación estratégica de las compras públicas, el uso intensivo de tecnología, la automatización de procesos y la aplicación de criterios de economía, eficacia y eficiencia en todas las fases del ciclo de contratación.
Entre los cambios más relevantes que contempla la iniciativa se encuentran:
- La reducción de 30 a solo 5 tipos de procedimientos de contratación.
- El reemplazo del sistema actual por plataformas digitales con datos abiertos en tiempo real.
- La automatización de los controles para eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos.
- Un enfoque en calidad y valor, en lugar del menor precio.
- La reestructuración del rol del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) para evitar la concentración de poder.
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, quien entregó el proyecto a la Asamblea, afirmó que “los altos índices y riesgos de corrupción deben ser mitigados y erradicados con herramientas legales eficaces para cumplir con los estándares internacionales de compra pública de innovación y de mejor valor por dinero.”
El Ejecutivo sostiene que con esta reforma se busca optimizar y ahorrar recursos públicos, eliminar duplicidades y facilitar la participación de más empresas, especialmente aquellas con prácticas transparentes.
La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para debatir y pronunciarse sobre este proyecto, según lo establecido por la Constitución para leyes con carácter económico urgente.
Con esta iniciativa, el Gobierno afirma que se cierra una etapa en la que los procesos de contratación estaban diseñados a la medida de intereses particulares, y se abren nuevas oportunidades para empresas honestas dentro del “Nuevo Ecuador”.