Este viernes 30 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador llevó a cabo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, iniciativa enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica. La propuesta busca desarticular las estructuras financieras del crimen organizado vinculadas al conflicto armado interno que afecta al país.
El proyecto tiene como finalidad:
- Desarticular las economías criminales que financian a grupos armados organizados.
- Fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia organizada.
- Garantizar la seguridad ciudadana y promover la recuperación económica de las zonas más afectadas por la violencia.
La ley contempla medidas en dos ejes principales: tributario y penal.
En el eje tributario:
- Permitir que empresas privadas donen hasta el 30% de su impuesto a la renta en bienes a favor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, bajo supervisión del Servicio de Rentas Internas (SRI).
- Otorgar beneficios económicos anuales a pequeños y medianos productores, así como a jóvenes emprendedores vinculados a la economía popular y solidaria.
En el eje penal:
- Tipificar el delito de pertenencia a un grupo armado organizado, con penas de 22 a 30 años de prisión.
- Establecer procedimientos penales especiales para delitos vinculados al conflicto armado interno, ampliando los plazos de juzgamiento y asignando jueces especializados.
- Autorizar el uso de armas, explosivos y municiones decomisadas a grupos armados organizados por parte de las fuerzas del orden.
- Limitar la aplicación de prisión preventiva, permitiendo aprehensiones de hasta 48 horas con fines investigativos en casos de amenaza contra la seguridad del Estado.
- Eximir de prisión preventiva a policías y militares por actuaciones en cumplimiento de su deber, bajo supervisión de sus superiores.
Durante el debate, intervinieron 18 legisladores de diversas bancadas.
La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto, destacó que esta ley constituye una respuesta firme y unitaria frente a las amenazas del crimen organizado.
Andrés Guschmer propuso destinar parte de los recursos recuperados al bienestar de la niñez y adolescencia, y la asambleísta Jahiren Noriega expresó que, pese a las diferencias ideológicas, hay puntos en común entre su movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), especialmente el compromiso con devolver la seguridad al país.
Al cierre del debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para el segundo debate, incorporando las observaciones presentadas.