En el marco del análisis del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional recibió este lunes los aportes técnicos y jurídicos de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Esta normativa de carácter económico urgente tiene como objetivo principal desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
José Gabriel Terán, delegado de la Corte Nacional de Justicia, presentó observaciones clave para mejorar la redacción del articulado, particularmente en lo relacionado con las garantías al derecho a la libertad y la posibilidad de que el sector privado realice donaciones a entidades de seguridad. En este sentido, recomendó precisar qué bienes podrían ser donados y subrayó la necesidad de que cualquier decreto emitido por el Ejecutivo en el marco de esta ley cuente con motivación expresa, como salvaguarda constitucional.
A su vez, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, explicó el funcionamiento de las judicaturas especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. Propuso ampliar las competencias de estos órganos para atender también causas vinculadas al conflicto interno y al crimen organizado. Señaló que el Consejo de la Judicatura puede establecer el catálogo de delitos que les competen, para lo cual se requeriría un plazo de 90 días.
Godoy también sugirió mantener en manos del Consejo de la Judicatura la atribución de crear nuevas unidades judiciales mediante resolución motivada, de acuerdo con evaluaciones técnicas, a fin de prevenir represamientos de casos críticos en el sistema judicial.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, agradeció la participación de las autoridades judiciales y aseguró que sus propuestas serán incorporadas en el análisis del informe para segundo debate.