La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continuó el análisis del Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública, calificado con carácter de urgente en materia económica, con la recepción de aportes técnicos de representantes del sector público, privado y especialistas en compras públicas.
Durante la sesión, María José Carvajal, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), explicó que la reforma busca modernizar la plataforma de compras públicas, dotándola de tecnología avanzada, datos abiertos e inteligencia artificial. Según dijo, el nuevo sistema permitirá detectar alertas tempranas, reducir la corrupción y eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos.
La ejecución de contrataciones menores actualmente puede tardar hasta cuatro meses. Esta reforma reduciría los tiempos en al menos un 15% por proceso, afirmó Carvajal, subrayando la urgencia de implementar cambios estructurales.
Por su parte, Marco Morales, experto en contratación pública, advirtió que el plazo propuesto de 180 días para implementar el nuevo sistema podría resultar restrictivo. “De no cumplirse, podría derivar en vulneraciones legales”, señaló, sugiriendo mayor flexibilidad para una transición adecuada.
En representación de la Presidencia de la República, Stalin Andino, secretario jurídico, recordó que la contratación pública en 2024 superó los $8 mil millones, alrededor del 6.5% del PIB nacional. Aseguró que la propuesta permitiría un uso más eficiente y estratégico de estos recursos, mediante la aplicación de estándares internacionales como el principio de “mejor valor por dinero”.
También explicó que el nuevo modelo permitiría evaluar el historial de proveedores, clasificarlos según desempeño previo y evitar adjudicaciones riesgosas.
Desde el sector privado, David Molina, representante de la industria automotriz y José Miranda, representante de la industria de construcción, expresaron el riesgo por el artículo 46 del proyecto, que permite contrataciones por fuera del catálogo. Coincidieron en que este aspecto podría abrir puertas a prácticas discrecionales o corrupción, especialmente si se produce filtración de información privilegiada.
Al finalizar, la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, solicitó que los participantes remitan por escrito sus observaciones, con el fin de integrarlas al informe para el primer debate en el pleno legislativo.