La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada por la Asamblea Nacional como una medida económica urgente impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, con el objetivo de financiar acciones contra la violencia y apoyar zonas afectadas por la crisis de seguridad.
En una rueda de prensa ofrecida este lunes 9 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su total rechazo a la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, calificándola como una amenaza directa a los derechos del pueblo ecuatoriano y, en especial, de los pueblos y nacionalidades indígenas.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, aseguró que esta ley no representa una verdadera solidaridad con el pueblo, sino una carga adicional que “castiga a los sectores más empobrecidos mientras protege a los grandes capitales”.
“Esta ley no es de solidaridad, es de imposición. Es tremendamente dolorosa para los ecuatorianos, y fue aprobada con votos de asambleístas que se dicen representar al movimiento indígena”, afirmó Iza, en referencia a miembros del movimiento Pachakutik.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la dirigencia indígena fue la preocupación de que la nueva ley pueda ser utilizada para criminalizar la protesta social, a través de acusaciones infundadas de vínculos con la delincuencia organizada.
“Advertimos que esta ley abre la puerta a los llamados ‘falsos positivos’. No permitiremos que se estigmatice a nuestras comunidades por ejercer su derecho a la resistencia”, declaró Iza con tono firme.
La CONAIE también reiteró que los asambleístas de Pachakutik que votaron a favor de la ley serán expulsados del movimiento, una decisión que ya había sido anticipada en semanas anteriores. Para la dirigencia, el voto a favor de esta norma representa una traición a las bases sociales y a los principios fundacionales del movimiento indígena.
Pese a la dureza de su discurso, Iza aclaró que la CONAIE no está convocando, por ahora, a movilizaciones ni al diálogo con el gobierno. No obstante, dejó claro que mantendrán una vigilancia activa sobre la aplicación de la ley y sus consecuencias.
“No estamos llamando a un paro, pero tampoco seremos cómplices del silencio. Esta lucha sigue desde los territorios y desde la conciencia organizada de nuestros pueblos”, concluyó.