A través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció una nueva estrategia para combatir la impunidad en el sistema de justicia: se investigará el patrimonio y las operaciones financieras de jueces, fiscales y sus allegados que hayan otorgado medidas judiciales que favorezcan a criminales.
“Los criminales estarán donde deben estar: en la cárcel”.
La medida, impulsada por el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), busca frenar la liberación recurrente de delincuentes peligrosos mediante beneficios judiciales que, según el Ejecutivo, han socavado el trabajo de la Policía Nacional durante años.
“En innumerables ocasiones, la Policía ha tenido que capturar hasta 10 veces al mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó” – señaló el comunicado.
El nuevo enfoque implica un seguimiento exhaustivo a los funcionarios judiciales que otorguen libertades o medidas sustitutivas a personas vinculadas con delitos como asesinato, secuestro, narcotráfico, extorsión o crimen organizado. La UAFE, por su parte, analizará la licitud del origen de fondos y patrimonio de estos funcionarios y su entorno cercano.
El Gobierno calificó esta acción como una medida estructural que busca cerrar el círculo de impunidad. Mientras la Policía detiene a los responsables de delitos, la UAFE proporcionará inteligencia financiera para identificar a quienes, desde la institucionalidad, puedan estar facilitando la continuidad de redes criminales.