La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició este lunes un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares de operadores de justicia, en medio del conflicto interno que atraviesa Ecuador.
Durante la sesión, se advirtió que ciertas decisiones judiciales estarían permitiendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, lo que ha generado una fuerte preocupación sobre la efectividad del sistema judicial y su impacto directo en la seguridad ciudadana.
Como parte del proceso, la Comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, quienes expusieron la problemática desde el eje de seguridad del Estado.
El ministro Reimberg denunció que muchas capturas realizadas durante los más de 900 operativos contra el crimen organizado han sido anuladas por decisiones judiciales que conceden libertad o medidas sustitutivas, incluso a detenidos en flagrancia.
“De los 104 mil aprehendidos, muchos ya están libres, otros tienen arresto domiciliario y han reincidido en los delitos” – aseguró el ministro.
Además, explicó que el control de estas personas requiere más de 800 policías solo para tareas de custodia.
Reimberg cuestionó que las denuncias contra jueces tomen hasta un año en resolverse, tiempo durante el cual los implicados quedan en libertad.
“Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”.
Por su parte, el comandante Pablo Dávila señaló que el 60 % de los más de 25 mil ciudadanos detenidos en flagrancia ha recibido medidas distintas a la prisión preventiva, pese a tener múltiples detenciones previas por las mismas causas.
“La carga documental y los plazos judiciales complejizan el trabajo policial. Esto genera impunidad y complica las estadísticas de violencia”, advirtió Dávila. En este contexto, pidió revisar los procesos judiciales para garantizar respuestas efectivas frente a la delincuencia.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, sostuvo que el organismo legislativo seguirá con la investigación hasta obtener resultados que fortalezcan la administración de justicia.
“El país necesita garantías de que el sistema funcione a favor de los 18 millones de ecuatorianos” – mencionó el asambleísta Álvarez.
Este proceso se suma al debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema judicial y blindar los esfuerzos del Estado frente al crimen organizado.