Este martes se retomó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el Caso Reconstrucción de Manabí, en el que el exvicepresidente Jorge Glas es procesado junto a otros exfuncionarios. El reinicio de la diligencia se da en medio de la polémica generada por el reciente informe psiquiátrico que evalúa su estado de salud mental.
El documento, elaborado por la perito Ángela Salazar y agregado al expediente judicial la semana pasada, revela que Glas sufre un trastorno depresivo recurrente grave, presenta alto riesgo suicida —13/15 en la escala Plutchik–Van Praag— y ha experimentado alucinaciones, insomnio crónico y un intento de suicidio en abril de 2024. Además, el informe indica que desde enero se le ha restringido el acceso a visitas y actividades al aire libre, situación que agravó su estado.
No obstante, el aspecto más llamativo del peritaje es la detección de simulación consciente de síntomas por parte del exvicepresidente. Según la pericia, Glas presenta signos clínicos reales, pero también “finge o exagera” ciertas manifestaciones de su condición de forma voluntaria, lo que plantea un matiz relevante frente a sus reiteradas solicitudes de excarcelación por motivos de salud.
A pesar de su cuadro clínico, la evaluación concluye que el exmandatario mantiene intactas sus capacidades cognitivas, comprende el proceso legal en su contra y está en condiciones de continuar con el juicio. Por lo tanto, no requiere hospitalización, pero sí un seguimiento psiquiátrico constante dentro del centro penitenciario.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa insistieron en que se debe considerar el delicado estado de salud de Glas, mientras que la Fiscalía destacó la validez del informe como sustento para continuar con el proceso penal sin dilaciones. El tribunal aún no ha resuelto si se admitirá o no a juicio a los procesados.
El caso involucra presuntas irregularidades en la contratación pública para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, y la audiencia será clave para definir si los procesados enfrentarán un juicio penal.
Mientras tanto, la opinión pública y la comunidad jurídica debaten los hallazgos del informe psiquiátrico, donde la delgada línea entre enfermedad y estrategia procesal vuelve a marcar el pulso de un caso que sacude al país.