A partir del 9 de julio, entrarán en vigencia nuevas tasas para los servicios complementarios de gestión de residuos sólidos que presta la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS EP) a comercios, industrias e instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito.
La medida fue establecida mediante la Ordenanza Metropolitana No. 090-2025, aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito y publicada en el Registro Oficial el pasado 9 de abril. El nuevo régimen tarifario busca garantizar un sistema sostenible, equitativo y eficiente para la disposición de residuos no domiciliarios.
Las nuevas tarifas no afectan la recolección domiciliaria, sino que se aplican exclusivamente a servicios especializados, como:
- Disposición final de residuos sólidos no peligrosos.
- Recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos o especiales, como desechos sanitarios.
- Recepción y disposición de escombros y lodos.
Según la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, estos servicios son fundamentales para la salud pública, la protección ambiental y el saneamiento de la ciudad. Las tarifas han sido calculadas con base en costos operativos reales y se actualizarán anualmente a través de una fórmula técnica que incluye indicadores como el Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios al Constructor (IPCO) y el Salario Básico Unificado (SBU).
El esquema tarifario responde a principios de generalidad, equidad, suficiencia recaudatoria y responsabilidad ambiental, incentivando que los generadores comerciales e industriales asuman el costo real del manejo de los residuos que producen. Esto evitará el uso de subsidios cruzados y promoverá prácticas más sostenibles y responsables.
Hasta el 9 de julio seguirán vigentes los contratos y condiciones actuales. A partir de esa fecha, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos asumirá plenamente la emisión de órdenes de cobro, la recaudación, la gestión coactiva y el monitoreo de satisfacción ciudadana, bajo protocolos establecidos para garantizar la calidad del servicio.
La implementación de este nuevo régimen fortalece la gestión metropolitana de residuos y promueve una corresponsabilidad más clara entre el sector productivo y el gobierno local en el manejo de desechos.