Ecuador enfrenta una alarmante crisis de seguridad vial: en promedio, 11 personas mueren cada día por siniestros de tránsito, lo que equivale a una muerte cada dos horas, según datos oficiales. Este preocupante escenario ha motivado la realización del simposio “El derecho a llegar con vida: seguridad vial y reforma institucional”, un encuentro que busca poner sobre la mesa reformas legales y estructurales para frenar esta emergencia nacional.
Durante el evento, organizado por las organizaciones TANDEM, Carishina en Bici y la Asociación de Peatones de Quito, con el respaldo de la Coalición por la Movilidad Segura, se presentó el informe “Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas”.
El documento evidencia que, aunque el número de siniestros se ha reducido en la última década, la cantidad de fallecidos aumentó un 20 %, pasando de 3.164 muertes en 2014 a 3.965 en 2023.
Principales hallazgos:
- En 2025, una de cada ocho víctimas de siniestros graves ha muerto.
- Entre enero y marzo de este año, se registraron 4.610 víctimas, de las cuales 565 fallecieron.
- Los factores de riesgo más frecuentes: exceso de velocidad (35 % de muertes), consumo de alcohol, y falta de medidas de protección como cinturón, casco o sillas infantiles.
- Las poblaciones más afectadas son jóvenes de 20 a 49 años, niños entre 5 y 17, y adultos mayores.
Daniela Chacón Arias, directora ejecutiva de TANDEM, enfatizó que Ecuador necesita una reforma jurídica que reconozca a la movilidad segura como un derecho constitucional. El simposio incluyó la participación de Paola Lara, experta legal mexicana, quien compartió la experiencia de su país al incorporar este derecho en su Constitución y aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones de Quito, instó a reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre todo en lo relacionado con contravenciones por conducción temeraria o bajo efectos del alcohol, así como a emitir el reglamento pendiente de la Ley de Tránsito.
Paneles clave del evento:
- Marco legal necesario para garantizar movilidad segura.
- Evaluación de la capacidad institucional en seguridad vial.
Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura, recordó que el 70 % de siniestros ocurre en zonas urbanas, por lo que los gobiernos locales necesitan mayor respaldo y herramientas para actuar. “Llegar con vida no puede ser un privilegio ni una cuestión de suerte. Debe ser un derecho garantizado”, concluyó.
El evento reunió a autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Municipio de Quito, académicos, gremios, sociedad civil y expertos internacionales, unidos por una causa común: salvar vidas en las vías del país.