La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del ciudadano ecuatoriano William Joffre Alcívar, conocido como alias “Comandante Willy”, solicitado por las autoridades nacionales por su presunta participación en el asalto armado a las instalaciones del canal TC Televisión, ocurrido el 9 de enero de 2024 en Guayaquil, en medio de una ola de violencia que afectó al país.
En una resolución emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el tribunal español determinó que los hechos descritos por Ecuador constituyen un delito de terrorismo, de acuerdo con la legislación nacional, y son homologables con los artículos 573 y siguientes del Código Penal español, que sancionan actos de terrorismo. La Audiencia desestimó todos los argumentos presentados por la defensa para evitar la extradición.
Sin embargo, España ha condicionado la entrega de Alcívar a que el Estado ecuatoriano garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal, debido a la situación crítica que atraviesan los centros penitenciarios del país.
El tribunal exige que, en un plazo máximo de tres meses, Ecuador acredite ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se han implementado medidas concretas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad y que se ha producido una normalización de la situación carcelaria, especialmente en lo relacionado con violencia interna, hacinamiento y control estatal.
Según el relato presentado por la Fiscalía ecuatoriana, el 9 de enero de 2024, un grupo armado, entre los cuales estaría Alcívar, ingresó por la fuerza a las instalaciones de TC Televisión mientras el canal transmitía en vivo.
El ataque fue considerado por las autoridades como un acto terrorista sin precedentes en la historia reciente del país, y provocó conmoción nacional e internacional. Alcívar logró salir de Ecuador y fue detenido en España meses después, tras una alerta de búsqueda internacional.
La resolución judicial española representa un paso clave para que el acusado sea juzgado en territorio ecuatoriano. No obstante, su retorno dependerá de que Ecuador cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en sus centros penitenciarios.