El juez Fernando Muñoz Benítez presentó su renuncia irrevocable al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras culminar el periodo constitucional de seis años para el que fue designado en 2019. La decisión fue comunicada mediante una carta con fecha 23 de junio de 2025.
En sesión del pleno, el CPCCS aceptó oficialmente la renuncia irrevocable de Muñoz, dejando en evidencia el vacío institucional que persiste en la renovación de las autoridades de la Función Electoral. Pese a que en mayo los jueces del TCE decidieron mantenerse en funciones prorrogadas, ante la falta de un concurso público para designar a nuevos jueces, Muñoz optó por cerrar formalmente su ciclo en el organismo.
El exmagistrado, quien presidió el TCE hasta agosto de 2024, fue reemplazado en esa dignidad luego de que los jueces Ivonne Coloma, Guillermo Ortega y Ángel Torres Maldonado conformaran una nueva mayoría interna. En su misiva de renuncia, Muñoz destacó haber ejercido su función con independencia e imparcialidad, pese a las presiones externas y cuestionamientos políticos a los que fue sometido, incluyendo juicios penales, acciones constitucionales, quejas administrativas y un juicio político.
Su renuncia también coincide con una nueva controversia: el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó recientemente una acción de queja en su contra, acusándolo de perjudicar sus derechos por presunto incumplimiento de funciones o de la ley. Esta figura, contemplada en el Código de la Democracia, permite sancionar a servidores de la Función Electoral que no respeten disposiciones del TCE, del Consejo Nacional Electoral o de sus órganos desconcentrados.
La salida de Muñoz revive el debate sobre la falta de renovación de autoridades electorales y expone la necesidad urgente de que el CPCCS avance en el concurso de méritos para designar a los nuevos cinco jueces principales y sus respectivos suplentes.