Tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para 39 de los 40 detenidos en el operativo que desmanteló un centro delictivo que operaba como call center en Quito. A la ciudadana restante se le impusieron medidas cautelares debido a su estado de gestación, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.
El call center, intervenido por la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (DINASED) y la Fiscalía General del Estado, era utilizado para extorsionar y estafar a víctimas a nivel nacional e internacional. Mediante falsos ofrecimientos de préstamos en línea, los delincuentes inducían a las personas a descargar aplicaciones que les otorgaban acceso a datos personales, contactos, ubicación e imágenes. Con esta información, amenazaban a las víctimas con montajes sexuales y contenido violento para obtener pagos extorsivos.
Durante los allanamientos se incautaron 20 computadoras, 47 celulares y otros elementos que fortalecen la investigación en curso. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar luchando contra la delincuencia organizada y exhortaron a la ciudadanía a reportar este tipo de delitos a través de los canales oficiales.