La madrugada de este miércoles, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron tres inmuebles en Quito en el marco de la investigación contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado del presunto delito de violación en perjuicio de una menor de 12 años. La denuncia fue presentada el 7 de julio en el sector de Iñaquito.
Los operativos se realizaron pocas horas después de que el movimiento Revolución Ciudadana anunciara la expulsión del legislador de su bancada. En los allanamientos se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Aunque no hubo detenidos, la Fiscalía informó que receptará las versiones de varias personas durante los próximos días.
Santiago Díaz, quien asumió su curul como alterno de la asambleísta Priscila Schettini, ha negado los señalamientos y solicitó una licencia sin remuneración para enfrentar el proceso judicial. Por su parte, la Asamblea Nacional exhortó a la Fiscalía a actuar con celeridad y transparencia.
El caso se torna aún más controversial luego de conocerse que el pasado 3 de julio, días antes de la denuncia en su contra, Díaz presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el fin de permitir que el consentimiento sexual sea válido en adolescentes mayores de 14 años, bajo determinadas condiciones.
La iniciativa, que aún no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), fue respaldada por varios legisladores de la Revolución Ciudadana, entre ellos Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Nanki Saant, Ledy Zúñiga, Eustaquio Tuala, Patricia Núñez y Aresdely Parrales.
El texto propuesto establece que el consentimiento de una persona menor de 18 años solo sería irrelevante si no cumple con criterios como madurez, ausencia de coerción o violencia, y la inexistencia de relaciones asimétricas de poder. La propuesta ha sido ampliamente rechazada por sectores sociales y defensores de derechos humanos, que consideran que abrir la puerta al consentimiento desde los 14 años puede normalizar situaciones de abuso.
Mientras tanto, Díaz continúa siendo investigado por un presunto delito sexual y permanece separado de su movimiento político. La sociedad civil y organizaciones de protección de la niñez exigen que este caso sea tratado con absoluta rigurosidad y sin ningún tipo de impunidad.