La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional continúa el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, que abarca los Libros I, II y III. Durante la última sesión, representantes de instituciones del Estado y expertos jurídicos coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de la primera infancia y garantizar el principio de corresponsabilidad parental.
Diego Cisneros, delegado de la Vicepresidencia constitucional de la República, destacó la importancia de alinear las reformas con las políticas públicas establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 3, y respaldó la propuesta de reforma al artículo 25 del Código Civil impulsada por las asambleístas Ana Herrera y Mónica Salazar. Además, sugirió articular subsidios para madres sin relación de dependencia con las transferencias monetarias del MIES e incluir un análisis de impacto fiscal.
Desde la Defensoría Pública, José Chimbo y Fanny Aguilar reafirmaron el compromiso institucional con el proceso legislativo y con la protección de los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad. Aguilar señaló que esta reforma es una “deuda histórica del Estado” y una oportunidad para garantizar el interés superior del niño en todas las decisiones públicas y judiciales.
Por su parte, el abogado Vicente Torres centró su intervención en el fortalecimiento del Libro III del Código, proponiendo que el MIES asuma con claridad la rectoría del sistema nacional de protección de derechos. También advirtió sobre la pérdida de especificidad provocada por la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad y propuso reformar el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial para limitar el uso discrecional de recursos municipales.
Los participantes coincidieron en que la reforma debe ir acompañada de políticas públicas efectivas, fortalecimiento institucional y mecanismos que garanticen una protección real, operativa y sostenible para niñas, niños y adolescentes del Ecuador.